Una sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la negativa de la Mesa de la Cámara, en la pasada legislatura, a llamar a comparecer a los ex presidentes de estas empresas privatizadas volvió a llevar al Prlamento el debate sobre el paso de estas empresas públicas a manos privadas.

Tras esta resolución, el PSOE volvió a presentar las peticiones de comparecencia, que fueron esta vez tramitadas por el órgano de gobierno del Congreso, para dejar que fueran las comisiones correspondientes las que valoraran la necesidad de llamar o no a los ex presidentes de empresas privatizadas.

COSAS QUE OCULTAR

En defensa de las peticiones socialistas, la diputada Arantxa Mendizábal recalcó en la comisión que el ribunal Constitucional acordó la posibilidad de pedir estas comparecencias, e insistió en que su grupo sólo pretende "la restitución de unos derechos que fueron vulnerados por la Cámara".

Por ello, confió en que la mayoría popular no mantenga el argumento de que "agua pasada no mueve molino", y apuntó que si no rectifica y deja caer "en saco roto" la sentencia del Alto Tribunal, tendrá que rendir cuentas ante los ciudadanos y los electores, pues no celebrar estas comparecencias tendría "un coste demasado caro para el sistema democrático".

Si no se aceptan, insistió, sólo cabe pensar que "hay muchas cosas que ocultar", pues si no se tratase más que de "la desastrosa gestión" de Martín Villa y su equipo no habría motivos para impedir que se explique en el Parlamento un proceso de privatización que fue, a su juicio, una "operación caracterizada por la confusión, por la falta de transparencia".

Respeto a la comparecencia de Villalonga, indicó que tampoco entiende por qué se quiere evitar que acud para explicar los efectos de la privatización sobre la competitividad de la empresa, así como la rentabilidad de las inversiones en Latinoamérica y "esos famosos salarios de tramitación en forma de stock options que cobraron el señor Villalonga y algunos directivos".

SENTENCIA CUMPLIDA

Vicente Martínez-Pujalte, portavoz de Economía del PP, respondió que se ha dado "sobrado cumplimiento" a la sentencia del Tribunal Constitucional, que sólo exigía, recalcó, que fueran las comisiones, y no la Mesa, la que decidieran sobre la conveniencia o no de celebrar las comparecencias.

Subrayó que su grupo siempre ha aceptado las comparecencias necesarias para que el Parlamento fuera "el epicentro del debate político de nuestro país", y que fueran para ello a la Cámara "las personas que tienen que ser controladas por la oposición", entre las que no figuran, dijo, los presidentes de empresas privadas o ex responsables de compañías que en su día fueron públicas.

No obstante, recalcó que la comparecencia deMartín Villa que hoy se pide "ya se produjo", por lo que opinó que el PSOE hace un "ridículo espantoso" al pedir de nuevo una comparecencia a la que pudieron asistir y no asistieron, dada su costumbre de abandonar las reuniones cuando su resultado no les gusta.

Concluyó que del proceso de privatizaciones hay que fijarse en la "eficacia" y en la "transparencia", y dijo no querer "mentar lo que pasaba en los gobiernos socialistas" con las privatizaciones, que se acordaban "en una mesa de camilla en Moncoa". Acusó a los socialistas de intentar "reabrir temas antiguos, quizá porque no tengan temas nuevos".

CiU VOTO EN CONTRA

El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, argumentó su voto en contra para ser consecuente con la postura que su grupo mantuvo en la anterior legislatura, cuando su representante en la Mesa del Congreso se opuso, junto a PP y PNV, a estas comparecencias.

Agregó que estas comparecencias ya no son convenientes porque Martín Villa explicó ya ante la Comisión de Indstria y Energía, en la pasada legislatura, las actuaciones de la compañía en las inversiones en Latinoamérica y en el control de Enersis, una comparecencia "larga en la que todos los grupos políticos pudimos tomar posición al respecto".

También recordó que en la anterior legislatura CiU tomó posición ante el informe de la subcomisión de seguimiento de los procesos de privatizaciones, cuyas conclusiones fueron "muy claras", en el sentido de que se respetaron los principios de publicidad y transparencia