En un estudio publicado en el último boletín del Círculo de Empresarios, Montoro defiede la privatización del sector público, que, a su juicio, ha llegado a convertirse en los últimos años en un "elemento perturbador para el logro de un crecimiento económico vigoroso y sin desequilibrios".

Según Montoro, la economía española tiene un considerable potencial de crecimiento, como lo ha demostrado la fase expansiva registrada entre 1986 y 1990. El director del Servicio de Estudios del IEE considera que para aprovechar ese potencial es necesario "liberar recursos internos de sus excesivas aaduras".

A juicio de Montoro, la responsabilidad del sector público en la mejora de la competitividad española en el exterior no es exclusiva, pero sí muy importante.

En su opinión, el sector público español "no ha actuado precisamente como un factor de modernización de la economía española, sino que ha sido incapaz de acometer las reformas internas conducentes a mejorar la competitividd del conjunto de la economía".

En su opinión, el sector público en España ha crecido de manera incontrolabe en los últimos años, hasta alcanzar un tamaño "más que considerable". En 1991, según Montoro, la participación del gasto de las administraciones públicas en el PIB ha sido próxima al 45 por ciento.

Sólo las transferencias corrientes que reciben las empresas públicas, asegura Montoro en su estudio, equivale al 52 por ciento del déficit de caja del Estado presupuestado para 1992.

El experto del IEE se muestra convencido de que la privatización de empresas y servicios públicos en España continuaráen el futuro, ya que es una tendencia que se producirá en la mayor parte del mundo industrializado.

DEJAR DE SER UNA REMORA

Además, será así, según Montoro, porque España está obligada a contribuir a mejorar la competitividad internacional de la economía como consecuencia de su adhesión a la CE, "dejando de ser una rémora, como hasta ahora ha ocurrido".

En cuanto a los servicios públicos, considera que es necesario racionalizar su dimensión y perfeccionar su financiación y gestión, al tiempo qu se muestra partidario de promover la gestión privada de estos servicios, con el fin de aumentar la competencia, lo que permitiría mejorarlos.

Para ello, Montoro defiende la descentralización de la gestión de los grandes organismos que ofrecen servicios públicos, convirtiéndolos en empresas estatales sujetas a derecho privado, así como que se responsabilice a los directivos de la consecución de los objetivos marcados, estableciendo los estímulos económicos adecuados.

La privatización de las empreas públicas debe realizarse, en opinión de Montoro, evitando la tentación de garantizar la continuidad de las actividades que no son rentables con la excusa de mantener los puestos de trabajo. A su juicio, las privatizaciones no deben ser parciales y deben hacerse difundiendo al máximo la propiedad.