UGT criticó al Gobierno por utilizar a Instituciones Penitenciarias como una herramienta a disposición de la política policial y de orden público. A su juicio, el Ejecutivo sigue sin solucionar los problemas de los trabajadores, por lo que pidió un incremento salarial adecuado a las nuevas condiciones de trabajo y la paralización del V Convenio Colectivo del Personal Laboral, que afecta a 1.800 empleados públicos.

La FSP-UGT mostó su rechazo al proceso de privatización de servicios penitenciarios y calificó de inadmisible que mientras disminuye la Oferta Pública de Empleo por exigencias presupuestarias, nadie ponga límite a la contratación en el mercado de servicios exteriores.