La Coordinadora de Barrios, la Asociación contra la Tortura, Madres contra la Droga, Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación Libre de Abogados y la Coordinadora de Solidaridad con los Presos entregaron hace unas semanas al Poder Judiial un informe con 40 casos de presuntos malos tratos a presos comunes en un total de 15 prisiones españolas en el periodo mencionado.

Las agresiones surgieron casi siempre, según la denuncia, cuando los internos quisieron hacer uso de derechos, como pedir explicaciones por el corto tiempo de paseo que un día determinado habían disfrutado los presos. El documento recoge asimismo 8 casos de presos en fase terminal que no pudieron morir con sus familias porque no se les concedió a tiempo el permiso.

Un portavoz de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias afirmó esta semana que todas las denuncias "fueron investigadas por jueces y archivadas sin haber apreciado indicio de delito" en ninguno de los casos.