El defensor apunta que esta situación es más deficiente en 3 centros: Santa Cruz de Tenerife que, a finales de 1996 presentaban una ratio de 280 internos por técnico de observación y tratamiento; en Albolote (Granada) que a finales de 1998 disponía de dos juristas para 1.230 reclusos; y Topas (Salamanca) que, con 1.400 internos, ontaba con dos juristas en septiembre de 1998.

El informe reconoce el esfuerzo realizado por la Administración en infraestructuras, aunque todavía quedan algunas prisiones en las que su "inadecuación arquitectónica" y, en otros casos, la saturación de internos impide que ese tratamiento pueda aplicarse en condiciones idóneas, dado que en muchos casos es imposible separar a los presos preventivos de los penados o a los primarios de los reincidentes.

El Defensor apunta que en esta situación, aunqueen distinto grado, se encuentran los centros penitenciarios de Algeciras, Córdoba, Jerez de la Frontera, Huesca, Zaragoza y Teruel, entre otros.

Por el contrario, los últimos centros inaugurados tienen buenas posibilidades de separación y clasificación interior. Como las prisiones de Albolote, Huelva, Dueñas, A Lama, Teixeiro, Topas, Soto del Real y Aranjuez, entre otras.

TRABAJO RETRIBUIDO

En cuanto a la oferta de trabajo retribuido para los internos, el informe lo considera insuficiente. En agunos casos, señala que lo obsoleto de las instalaciones podría justificarlo, pero este argumento "cae por su propio peso" cuando se comprueba que ciertos centros antiguos y con malas infraestructuras si tienen una oferta laboral importante.

Apunta que existe un grupo de prisiones en las que se ha mantenido el trabajo retribuido, como en las de Daroca, Ocaña I, Palma de Mallorca, Madrid III, Burgos, León, El Dueso, Teruel, Murcia y Soria.