Tras reconocer que la existencia de 40.000 personas en prisión preventiva ("la gran mayoría pertenecientes a capas muy ajas y con problemas de toxicomanías") es un "hecho socialmente muy relevante" y que, por lo tanto, "nadie puede despreciarlo, sino subrayar que es imprescindible corregirlo", Leguina afirmó que le parece "un tanto demagógico" mezclar ese asunto con el cambio de la ley, "que tendrá que cambiarse".

En su opinión, "nada tiene que ver" los 40.000 preventivos de las cárceles españolas con lo que se está discutiendo, porque cuando se habla de que "la prisión preventiva habría que cambiarla, y eso afectarátodos, lo que se está diciendo es que se debe de cambiar para que la independencia entre los poderes políticos y judicial quede asegurada, es decir, que a través de la prisión preventiva no se pueda influir en la política ni en los juzgados".

Con relación a la prisión preventiva, el presidente de la CAM explicó que es necesario tener en cuenta "cuando se dice que la justicia es lenta, que la mayor parte de las veces es porque los justiciables así lo desean", ya que "una justicia democrática como la nestra tiene muchos sistemas de recursos, que por cada uno que se presenta se retrasa el procedimiento".