El presidente de la APM, Ramón Rodríguez Arribas, manifestó a Servimedia que, en su opinión, la tipificación actal de la prisión preventiva "está perfectamente bien" y que una eventual reforma debería ser planteada tras una larga reflexión, y no como consecuencia de una situación concreta o cuando afecta a un "político corrupto o a un banquero descuidado".

Rechazó que "nadie se haya acordado de nadie" mientras se ha estado metiendo en la cárcel a miles de personas (actualmente hay 11.000 presos preventivos), una gente "no pueden hacer otra cosa más que aguantar".

Para Rodríguez Arribas, la polémica surgidaen torno a la prisión provisional es "un ejercicio de oportunidad", ante el cual es preciso mantener la serenidad y tener siempre presente que el legislador "tiene que legislar para muchos años, y no para lo que ha surgido anteayer".

Añadió que los jueces hacen un uso "prudentísimo" de la prisión provisional y que le choca el cambio de actitud de ciertas personalidades públicas que en otras ocasiones acusan a los jueces de ser "muy benévolos, muy garantistas y muy partidarios de la libertad provisiona".

Recordó, a este respecto, las continuadas imputaciones en el sentido de que los delincuentes "entraban por una puerta de los juzgados y salían por otra", mientras que "cuando a los que hay que meter en la cárcel es a algún político corrupto a o a un banquero descuidado, se empieza a plantear que donde mejor está la gente es en la calle".

HOMBRE RICO, HOMBRE POBRE

Por su parte, José Antonio Alonso, portavoz de Jueces Para la Democracia, manifestó hoy a Servimedia, respecto al debate político obre la conveniencia de replantear la prisión preventiva, que ésta no debería distinguir entre "poderosos y delincuentes comunes".

Para el portavoz de Jueces Para la Democracia, es necesaria una reforma de la prisión preventiva para que sea otra de las partes del proceso, como por ejemplo el fiscal, quien la solicite, y el juez quien la decida.

Adujo que es incompatible que los jueces de instrucción sean "al mismo tiempo garantes de los derechos fundamentales e investigadores".

Por su parte,el portavoz de la Asociación de Fiscales, Juan Ortiz, opinó, en declaraciones a Servimedia, que la alarma social debería ser suprimida como causa justificativa de la prisión preventiva.

Se preguntó si el debate obedece a que "determinadas personas poderosas, bien sean del poder político o del poder económico se encuentran en esa situación" y agregó que "no sé que van a pensar todos aquellos que llevan tanto tiempo sufriendo la prisión provisional mientras nadie ha pensado en cambiarla".

Ortiz, quen señaló que esta paradoja es "escalofriante e indignante", recordó que, cuando las Cortes reformaron por última vez la tipificación de la prisión provisional, él se opuso al requisito de alarma social, ya que se trata de un fin genérico "abstracto y poco claro".

Recalcó que "la prisión provisional está para que la persona acusada no se escape y acuda a juicio oral el día que tenga que ser juzgada". "Todo lo que sea aplicarla a otros supuestos no ha sido ni es procedente", explicó.