El juez ha decretado la prisión de Elosúa Urbieta, presunto líder de la trama, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El magistrado aún tiene que tomar declaración hoy a Ramón Sagarzazu Olazaguirre y Ignacio Aristizábal Iriarte, también detenidos en la citada operación.

El jueves y el viernes por la noche, el magistrado decretó el ingreso en prisión incondicional de Jean Pierre Harocarena Camio, alias "Txampiñon", y de José Carmelo Luquín, por presunta integración en organización terrorista.

Harocarena reconoció ante la policía que pertenece al aparato de extorsión de ETA desde 1996. Por su parte, Luquín admitió ante el juez haber enviado cartas de extorsión y haber recibido dinero.

Por otra parte, está previsto que el lunes comparezcan ante Grande-Marlaska los dos empresarios detenidos el viernes por la noche a raíz de esta operación por el presunto pago del denominado "impuesto revolucionario": José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero.

La operación contra el aparato de extorsión de ETA ha sido desarrollada conjuntamente por Grande-Marlaska y por la juez francesa Laurence Levert.

Los detenidos en Francia son Ángel Iturbe Abásolo, supuesto responsable de la red, así como José Luis Cau Aldanur, Julen Kerman de Madariaga y Aguirre, María Cristina Larrañaga Arando, Eloy Uriarte Díaz Guereñu, María Izaskun Ganchegui Arruti y José Ramón Badiola Zabaleta.

DILIGENCIAS SECRETAS

Estas detenciones se enmarcan dentro de las diligencias previas 86/98, declaradas secretas, que fueron iniciadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

En el marco de estas diligencias, Garzón investigó en elaño 2004 el supuesto pago del impuesto revolucionario por parte de la empresa navarra Azkoyen y algunos de cuyos responsbles, según el magistrado, pudieron incurrir en un presunto delito de allegamiento de fondos a ETA.

Por este caso, también interrogó en aquella época a Alfonso Martínez Lizarduy, profesor de Filosofía de la Ciencia de la Universidad del País Vasco, como supuesto mediador en el pago a ETA por parte de la citada empresa en el año 2001.

Según la investigación de Garzón, en septiembre de 2001 se intervino una comunicación interna de ETA dirigida a Otsagi (según la policía es el ex responsable militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi), encargado del cobro y gestión del denominado "impuesto revolucionario". En dicha misiva la banda terrorista dice que "la deuda que tenía" Azkoyen con ella está "liquidada".

El citado documento estaba firmado por "Gezi" o aparato de administración económica de ETA, según consta en varios autos dictados por Garzón entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2004.