Portavoces de los diferentes grupos parlamentarios expresaron a los medios de comunicación, coincidiendo con el debate presupuestario en el pleno del Congreso, su oposición a que el nuevo IAE se aplique desde el 1 de enero del 92, en sustitución de las actuales licencias fiscales, el Impuesto de Radicación, el de Gastos Suntuarios y el de Publicidad Estática.

Sólo el portavoz de IU, Ramón Espasa, se mostró a favor de la aplicación inmediaa del nuevo tributo municipal, pero criticó el contenido de la normativa con la que el Gobierno y el PSOE quiere regularlo, por considerar que hace del IAE "un impuesto nada progresivo y que no grava los beneficios, sino la actividad que se desarrolla".

Espasa indicó que el impuesto "tal y como lo plantea el Gobierno es injusto, y sería conveniente ir aplicándolo progresivamente mediante la fijación de límites recaudatorios en su primer año de vigencia que garanticen que la presión fiscal no se va a dsparar". Señaló que ese límite podría estar, durante 1992, en un máximo del 0,75 por cien del incremento de la presión fiscal.

También el PP, el CDS y CiU expresaron su deseo de que el Gobierno retrase la aplicación del impuesto. El portavoz popular, Jose Manuel García Margallo, llegó a ofrecer al PSOE la retirada de todas sus enmiendas a los presupuestos, que hacen referencia al IAE, a cambio de un plazo de un año para que partidos y ayuntamientos puedan adaptar sus ordenanzas y sepan con exactitud l repercusión del tributo.

El portavoz del CDS, Alejandro Rebollo, señaló, por su parte, que "es necesario aplazar el impuesto para poderlo estudiar mejor, ya que creemos que puede distorsionar la naturaleza de algunas actividades económicas, tal y como se pretende aprobar".

Por su parte, el representante de Minoría Catalana, Francesc Homs, calificó de "necesidad" la prórroga del actual sistema hasta que las corporaciones locales dispongan de una base de datos informáticos que les permita aplicar l impuesto correctamente.

El IAE prevé una tabla de tarifas que aún no ha sido publicada por Hacienda, sobre la que los ayuntamientos deberán fijar unos recargos en función de las carácterísticas de las empresas, tales como el número de empleados, su ubicación en el municipio, los metros cuadrados que ocupan y la energía que consumen.

Los recargos municipales que prevé el IAE, sobre las tarifas del Ministerio de Economía y Hacienda podrán oscilar entre un mínimo del 0,5 por cien y un máximo del 2por ciento.

Además, el Grupo Socialista incluyó una enmienda durante el debate que obligará a los ayuntamientos donde no se quiera fijar un recargo a elevar un 0,5 por ciento los mínimos establecidos por el Gobierno, más un punto en aquellos municipios en los que no existiese el cobro del Impuesto de Radicación con anterioridad al 1 de enero de 1992.