En declaraciones realizadas al término de una reunión de dicho consejo, Sauquillo destacó que la Dirección General de Consumo ha contraído con las organizaciones de consumidores el compromiso de ayudarles para financiar la labor de asesoramiento.

Por su parte, las asociaciones de consumidores se comprometieron a coordinar actuaciones de manera conjunta para paliar la confusión existente en la actualidad entre los afectados y exigir a la administración la asunción de medidas para que no se repitan escándalos como éste.

Las organizaciones presentes en el CCU pidieron también que se informe puntualmente a los afectados y, a tal efecto, exigieron al Gobierno que la Administración de Justicia publicite las acciones que puedan emprender los afectados, a través de edictos o anuncios insertados en los diarios de mayor tirada nacional, para que todos los perjudicados sean informados de sus derechos y de los pasos que deben seguir judicialmente.

Por otro lado, el Consejo propuso que se cree una oficina específica de atención a los afectados, a modo de "ventanilla única", ubicada en la Audiencia Nacional.

Asimismo, estas organizaciones recomendaron a los afectados que hagan acopio de cuanta documentación (contratos, depósitos, resguardos, etc.) posean y estén atentos al desarrollo de los acontecimientos.

Los miembros del CCU mostraron su preocupación por la aparición de organizaciones que se presentan bajo la apariencia de representantes de consumidores, de plataformas de afectados, etc. y que, sin discutir su licitud, pueden crear confusión. Por ello, el CCU recomendó a los afectados que se informen adecuadamente antes de firmar un contrato de servicios de asesoramiento, ya que dispondrán de suficiente plazo para presentar sus respectivas reclamaciones.

Finalmente, el Consejo exigió entendimiento, cooperación y soluciones a los partidos políticos y a las diferentes administraciones, en sus respectivos ámbitos competenciales para solventar los problemas ocasionados a los afectados.