La portavoz del Principado, Ana Rosa Migoya, dijo hoy, a través de una nota de prensa, que "el Gobierno no está de acuerdo con la decisión del TSJA", que ha dado respuesta a las solicitudes formuladas por varias familias, que pedían el derecho a la objeción de conciencia, hasta que una sentencia se pronuncia sobre este tema.

"Educación para la Ciudadanía y todas las materias que se desarrollan en los currículos escolares, son establecidas por quien tiene las competencias en esa materia y, además, esto ha sido refrendado por una ley votada en el Congreso de los Diputados", manifestó Migoya.

La portavoz regional dijo que "se ha explicado, por parte de la Consejería de Educación, lo que son las obligaciones de los alumnos, desde el punto de vista de su asistencia a todas las materias y a todas las clases".

Asimismo, apuntó que la ley, al ser aprobada en el Congreso, "tiene la legitimidad y el respaldo suficiente como para que no pueda ser cuestionada".

"Lo que tenemos que hacer en este momento es recurrir esa suspensión porque entendemos que abre un precedente muy peligroso, ya que a partir de ahora se puede objetar cualquier materia, no sólo ésta", concluyó Migoya.