María Angeles y Tomás compraron en diciembre de 1990 los billetes para el traslado de cuatro personas y un vehículo todo terreno desde Madrid a Málaga.

Al llegar a la estación de Chamartín (Madrid) se encontraron con la sorpresa de que RENFE se negaba a trasladar el vehículo por su tamaño, a pesar de que todos los datos sobre el mismo se habían hecho constaren el momento de contratar el servicio.

Tras el incidente, los viajeros se vieron obligados finalmente a viajar por carretera durante dos noches, una a la ida y otra a la vuelta. Ante el perjuicio de lo que esto supuso en sus planes, a su regreso a Zaragoza denunciaron a la compañía estatal ante la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).

Ambos miembros del matrimonio no quieren hacer declaraciones, pero José Enrich, presidente de la UCA, ha matizado que "por primera vez una sentencia tiene en cuena los daños morales y condena a costas a RENFE". Asimismo ha aclarado que las indemnizaciones se fijarán a la hora de la ejecución de la sentencia.

Para José Enrich, esta sentencia supone que el "derecho al pataleo" esta vez ha tenido resultados, a pesar de que han pasado dos años desde que ocurrieron los hechos, "pero ahora podrán trocar en satisfacción lo que en aquel momento fue una gran decepción con grandes problemas".