Para los miembros del Consejo, esta primera disensión es "grave y preocupante" y les sitúa en un momento "delicado y difícil", manifestó hoy Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

"Que la primera decisión adoptada por el fiscal general respecto a dos plazas de importancia, consideradas las número uno y dos el ministerio público, se haga en separación del criterio unánime del consejo nos pone a todos en alerta", declaró, Eduardo Torres Dulce, fiscal del Tribunal Constitucional.

Eligio Hernández tuvo que consultar al Consejo fiscal antes de hacer llegar su propuesta al Gobierno. Los consejeros votaron por unanimidad a Juan Martín Casallo para la inspección fiscal y a Francisco Hernández Gil como teniente fiscal del Tribunal Supremo.

No obstante el fiscal general defendió finalmente la candidatura de artínez Zato, cuyo nombramiento fue aprobado hoy por el Consejo de Ministros, a pesar de que éste no había obtenido ni uno solo de los votos de los consejeros.

Según Jiménez Villarejo, la actitud adoptada por el nuevo inspector fiscal ante el conflicto de la fiscalía con el ministerio de Justicia, que determinó el cese de Leopoldo Torres, "no responde al talante sereno y riguroso, necesario para ocupar un puesto de dirección que garantice la autonomía funcional del ministerio público".

Frente a Mrtínez Zato, considerado el candidato del ministerio de Justicia, los consejeros apoyaron a Martín Casallo, nombrado finalmente jefe de la secretaría técnica de la fiscalía general, "que por su independencia resultaba la persona apta para porseguir lavía del diálogo constructivo y crítico que queremos mantener con el ministerio de Justicia y el Gobierno".

Los consejeros quisieron dejar constancia no obstante de que a es pronto para calibrar el alcance real de esta primera discrepancia "porque el disenimiento es legal, pero lo preocupante sería que el fiscal general se mantuviera apartado del criterio generalizado de forma sistemática".

Por ello, desecharon la idea de que pudiera hablarse de una crisis en el seno de la fiscalía, argumentando además que el tema de los nombramientos "no es ni siquiera el aspecto más importante de las preocupaciones que existen en el ministerio fiscal".

Los consejeros recordaron que las negociaciones con Justicia han opemritido avanzar en algunos aspectos desde l llegada del nuevo fiscal general, "peor los temas más importantes están pendientes de resolución".

Estimaron que el ministerio fiscal se encuentra en "un estado de bloqueo y paralización de los mecanismos, que crean inseguridad jurídica en sus miembros y nos impiden cumplir nuestra función de forma digna".

Pese a ello, los consejeros afirmaron que dan "todos los margenes posibles" al fiscal general, es decir hasta octubre de 1995 que finalice su mandato para la consecución de sus objetivos, "queen última instacia no benefician sólo a la fiscalía, sino al ciudadano".