En un país más preocupado por los problemas políticos que por fraudulentas operaciones bancario-especulativas, en 1981 la intervención del Banco de España enesa entidad descubre que los gestores escondían un agujero superior a los mil millones detrás del cual se encontraban importantes políticos regionales.

Catorce años después del escándalo financiero y tras una tortuosa investigación judicial, el inicio de la vista oral no se verá exenta de complicaciones. Algunos de los 27 inculpados por el Ministerio Fiscal ya han fallecido, como el principal artífice de las operaciones fraudulentas y director de Caja Rural, Tomás Mier.

Apropiación indebida, falsdad de documentos públicos, alzamiento de bienes, falsedad de documento mercantil y estafa son los delitos por los que el fiscal solicita para los procesados más de 109 años de prisión y una indemnización de casi 1.000 millones de pesetas.

El que uno de los subdirectores de la caja se negase a firmar el balance de gestión económica de la entidad de 1980 llamó la atención de los responsables del Banco de España. Formada por 38 cooperativas agrarias de Cantabria, Caja Rural parecía una solvente sociedadque contaba con 34 sucursales en la región y una plantilla de 148 personas. Sus recursos ajenos ascendían a 3.800 millones de pesetas.

Sin embargo, la auditoría de los inspectores del banco emisor descubrió que la principal actividad de la entidad no era la de favorecer el ahorro y la inversión en el campo. Más bien, operaciones inmobiliarias, concesión irregular de créditos fallidos a políticos o a cooperativas controladas por los gestores de la caja, fraudulentas operaciones con talones cubiertas co capital propio o apertura de oficinas ilegales.

POLITICOS Y SUS EMPRESAS

Uno de los principales encausados es Justo de las Cuevas, en aquella época diputado nacional de UCD y actual gestor y administrador de la cooperativa Cuher y copropietario de la SAT familiar Los Heros. Junto con varios miembros de su familia, el ex político financió sus empresas mediante el "peloteo de papel" (giro de letras bancarias que no corresponden a una operación real y que sólo buscan generar liquidez para la empresa bneficiaria).

El "papel pelota" dio al grupo De las Cuevas una liquidez de 575 millones de pesetas a través de 315 letras. De éstas se dejaron sin atender un total de 89 por un valor de 190 millones, pero la investigación posterior descubrió que las emisiones atendidas lo fueron con capital de la propia entidad.

Semejante actuación, aunque en menor cuantía, se le imputa al actual alcalde de la localidad cántabra de Ramales de la Victoria, Fermín Gómez Seña (Partido Popular), quien a través de distntas líneas crediticias concedidas a él y sus familiares habría provocado un quebranto a Caja Rural de 29 millones de pesetas.

CURIOSA SUCURSAL

Pero si asombrosas fueron para los inspectores del Banco de España estas operaciones, no menos desconcierto les causó descubrir que desde una pequeña sucursal ubicada en el pueblo de Castillo Siete Villas se estaba realizando una "rueda de talones" (girar cheques contra cuentas sin fondos) por toda España.

Los responsables de la empresa Pescansa S.A., e combinación con los directivos de esta sucursal, entregaron en varios bancos de España talones en blanco con la garantía de Caja Rural. La entidad en Siete Villa efectuaba la misma operación a la inversa, con lo que se creaba un "abono firme", pero ficticio.

Las sospechas de varios bancos que decidieron no compensar más talones hizo florecer toda la fraudulenta operación que supuso para la caja un perjuicio económico de 175 millones de pesetas.

Si la gestión de la entidad provocó estas cuantiosa pérdidas, la actuación de los máximos responsables de Caja Rural de Cantabria, a los que el fiscal acusa de falsificación, estafa en la concesión de créditos, actuación dolosa con fraude de documentos y apropiación indebida, desconcertó y desbordó a los inspectores de Banco de España.

"INDIFERENCIA"

El Ministerio fiscal llega a afirmar en sus conclusiones que los hechos descubiertos en la actuación de los directivos de la entidad son "una muestra de la indiferencia con la que los responsables de Caa Rural administraban el patrimonio de la entidad y de la aplicación de fondos a la consecución de fines particulares, sin que en ningún momento constituyera preocupación para ellos el futuro reintegro".

El fraude en estas operaciones elaboradas por el equipo rector de Caja Rural de Cantabria, con su presidente a la cabeza, el fallecido Tomás Mier, supera los 273 millones de pesetas.

La concesión de líneas crediticias a cooperativas por ellos controladas, desaparecidas o aún no constituidas; la aertura ilegal de una sucursal; concesión de créditos sin garantías, lo cuales eran renovados a pesar que no haberse satisfecho cantidad alguna; el cobro en efectivo de dinero de caja sin que fuese posteriormente repuesto; o la apropiación de efectos financieros sin la aprobación de los órganos de la entidad, constituyen algunas de las actuaciones delictivas de estos inculpados.