Esa reforma legal debería acompañada de acciones formativas para los jueces y fiscales que intervienen en la persecución de estos delitos en colaboración con la policía.

Además, se hizo referencia a la importancia de armonizar los intereses económicos y jurídicos de los consumidores para evitar que el incremento en el nivel de fraude pueda frenar la utilización de medios de pago distintos del efectivo y del presencial.

También es necesaria "la colaboración de las entidades públicas y privadas porque los problemas afectan a todas las administraciones en ámbitos muy distintos", explicó el secretario de Estado de Justicia, Luís López Guerra.

Por su parte, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luís Piñar, afirmó que "las autoridades de control debemos poner un empeño especial en garantizar que tanto los responsables públicos como los privados respeten el principio de finalidad en el tratamiento de los datos", para que nos se haga un uso indebido de los mismo.

El director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, llamó la atención sobre el hecho de que "hemos pasado de una sociedad con un déficit crónico de información a una situación de sobreabundancia para la recogida, el tratamiento y la difusión de la información".