Según este censo, los británicos de origen africano y caribeño tienen el doble de posibilidades que el resto de ciudadanos de ser remitidos a instituciones psquiátricas por los tribunales y la policía, y un 50% más de posibilidades de quedarse recluidos en ellas.

Los datos de esta estadística apuntan que un 9% de los internos en centros de salud mental son de raza negra, a pesar de que sólo representan un 3% de la población británica, según el censo de población de 2001.

Los expertos en salud mental del Reino Unido consideran que internar en dichos centros a estas personas como primera medida asistencial constituye una práctica racista, por lo que piden que se revise el proyecto de la nueva ley de salud mental para evitar que estas situaciones sigan produciéndose.

Por su parte, la responsable de Sanidad, Rosie Winterton, afirmó que el "racismo no debe tener lugar en ningún sistema social y sanitario moderno, por lo que los datos aportados por el censo se utilizarán como guía para evaluar el progreso para erradicar estas desigualdades."