El año que viene será el último de la cuarta legislatura democrática. El presidente del Gobierno tiene hasta el 3 de diciembre como fecha límite para la convocatoria de las elecciones generales.

Felipe González ha desoído hasta ahora todos los vaticinios de la oposición sobre un anticipo de los comicios. El PP fracasó en sus auguris de un adelanto electoral al pasado otoño y parece que seguirá el mismo camino la previsión con la que trabaja en la actualidad -la convocatoria de elecciones en la próxima primavera-, a la vista de las últimas declaraciones de los dirigentes socialistas.

González y el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, están aprovechando cada una de sus comparecencias públicas para reiterar que el Ejecutivo piensa agotar la legislatura.

Pero González también ha tenido que mirar para otro lado cuando dese su partido le han llegado voces que le sugerían la conveniencia de anticipar las elecciones.

Los responsables de la sede del PSOE manejan la tesis de que el segundo semestre de 1993 será todavía más difícil para la economía nacional que el primero, y de ahí que propugnen la celebración de los comicios entre abril y junio.

La incógnita sobre la fecha de las elecciones deja abierta la incertidumbre sobre si algunas importantes medidas legislativas que han quedado "pendientes" podrán ser aprobadasen esta legislatura.

Es el caso del nuevo Código Penal. El PSOE está intentando acelerar al máximo la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, pero sus portavoces reconocen que se dispone de escaso tiempo y que van a encontrar poca colaboración en el PP para esa tramitación.

También queda pendiente para 1993 la aprobación de la reforma del Reglamento del Congreso, de cuyos debates el PP ya se ha desenganchado, la reducción de los gastos electorales y la aprobación definitiva de la Ley de Arendamientos Urbanos.

La polémica sobre la politización de las instituciones, vivida este año con la renovación del Tribunal Contitucional, volverá a suscitarse de nuevo en el próximo periodo de sesiones, al tener que elegir el Parlamento, a propuesta del Gobierno, a un nuevo Defensor del Pueblo, que concluye su mandato en marzo.

El Parlamento volverá a ser seguramente centro de las discusiones sobre la neutralidad o parcialidad de los candidatos para sucederle en el puesto.