Agregó que estos datos se deducen tras analizar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año que no recogen las mejoras en ciertas pensiones que debiera materializar el "Acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social".

"Debemos recordar", añadió, que en este acuerdo las pensiones de viudedad debían aumentar su cuantía del 45% al 52% de la base rguladora (hasta el 70% a las personas con pensión de viudedad y cargas familiares), se prolonga hasta los 22 años la edad de percepción de la pensión de orfandad (24 años para los huérfanos absolutos), las pensiones mínimas de jubilación sin cónyuge a cargo o de viudedad y las de jubilación con cónyuge a cargo cuyos beneficiarios son menores de 65 años, aumentan su cuantía y se igualan a las pensiones mínimas para mayores de 65 años, y se incrementan de manera progresiva las cuantías de las pensiones del Sguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Al parecer, el Gobierno ha decidido remitir a la Comisión de Seguimiento esta cuestión para discutir el momento de su efectiva aplicación."

Para Llamazares: "la situación es especialmente sangrante en lo que respecta a la protección por desempleo ya que el Estado no aporta nada para la financiación del INEM y buena parte del excedente de este organismo se traspasa a los empresarios vía subvenciones a la contratación (casi 310.000 millones de pesetas)".

"El excedente entre ingresos por cotizaciones y prestaciones alcanza en el año 2002, según el Presupuesto, 518.022 millones de pesetas. Por lo que las políticas activas, si descontamos esta transferencia de recursos a los empresarios, se reducen a cerca de 550.000 millones de pesetas. Lo que supone el 0,48% del PIB. Un porcentaje irrisorio en comparación con nuestros socios comunitarios", concluyó el dirigente de IU.