Según la nueva normativa, la Administración tiene la potestad para trasladar funcionarios dentro del ámbito provincial, mientras que anteriormente esta potestad se limitaba al ámbito de la localidad o el municipio.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Función Pública de UGT, Juan Antonio Jalabert, acusó al Gobierno de "cargarse" la Mesa de la Función Pública al imponer este asunto por vía legislativa urgente.

Además, aseguró que el Ejecutivo "se ha saltado" su propio borraor de Estatuto de la Función Pública, en el que se contemplaba incrementar la movilidad geográfica, pero respetando la voluntariedad de los trabajadores y pactando las condiciones de los traslados con los sindicatos.

"Es una normativa absolutamente discriminatoria porque deja a los trabajadores sin defensa", finalizó Jalabert, quien antes recordó que afecta a todos los funcionarios españoles, tanto de la Admnistración central como de las autonómicas.

Por su parte, el portavoz de la Función Públic de CCOO, Jesús Vicente, aseguró que los sindicatos no se oponen a la movilidad de los funcionarios, pero sí al método "impositivo" del Gobierno para ponerla en marcha.

"Hace falta movilidad, pero pactada", dijo a Servimedia, si bien aseguró que se deben respetar los derechos de los trabajadores y pactar los modelos de indemnización con los sindicatos.

Ambos sindicatos mantendrán el próximo jueves una reunión en la que acordarán un calendario de movilizaciones contra la decisión del Ejecutivo de ubir el sueldo de los funcionarios un 2% para el 2001 y prevén estudiar también la movilidad geográfica.