De esta forma, la organización de consumidores expresa su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno implante un precio por la utilización de algunos servicios médicos y por la expedición de recetas.

La UCE propuso al Ejecutivo que antes de poner en marcha este tipo de medidas aborde una política de contención del gasto real, por entender que las medidas de carácter disuasorio que se barajan no solucionan el problema a largo plazo.

Entre las propuesas que formula la Unión de Consumidores de España destaca la implantación de los genéricos, ya que un informe que elaboró esta organización en 1994 concluía que a menudo se recetaban los medicamentos más caros.

Asimismo, sugiere establecer precios máximos en los medicamentos, prescripciones por principio activo y no por marcas, reducir el número de unidades en los envases, implantar precios de referencia, disminuir los márgenes farmacéuticos, controlar el número de recetas emitidas por los facultativo, evitar el fraude por utilización incorrecta de las cartillas de los pensionistas y poner en marcha campañas informativas que fomenten el uso racional de los medicamentos.