Ribó dijo a Servimedia que ésta no es la primera vez que el Gobierno catalán anuncia a bombo y platillo la asignación de fuertes inversiones estatales en Cataluña, que después no se han llegado a producir.

Señaló que en los anteriores presupustos se habló de cifras que "no se han cumplido" y recordó que Pujol anunció inversiones estatales que nunca se realizaron y entre ellas citó el proyecto de Segarra-Garriga y la construcción del Eje Transversal "que se ha inaugurado 12 veces".

A su juicio, CiU está "cargando baterías" electorales e "hinchando al máximo" sus supuestos logros para convencer a sus electores con ofertas que después "se pincharán como un globo".

Ayer, el consejero de Economía de la Generalitat, Artur Mas, aseguró que l Gobierno central le ha garantizado que Cataluña recibirá al menos el 15 por ciento del total de la inversión territorializable del Estado en el año 2000.

"Mas puede decir los disparates que le dé la gana sólo pensando en convencer a su gente a través de la radicalidad, pero si ganasen se olvidarían de lo dicho", insistió.

Como Ribó no se cree la cifra dada por Mas, y a la vista de que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, no ha desmentido las palabras del consejero, deduce que PP y CiU han susrito una especie de pacto de no agresión para tratar de impedir el continuado descenso de las expectativas electorales de ambas formaciones que detectan las encuestas.

"Rato está callado porque puede que hayan pactado hasta que punto no se van a dañar en este esfuerzo electoral. Ninguna encuesta detecta mayoría de CiU y el PP y están empeñados en romper la tendencia de ambos a la baja, o deberán buscar una mayoría mucho más compleja con ERC que no tendrían asegurada, sobre todo si el PSC e IC sacamos ás diputados", aseguró.

En términos generales, IC apuesta en esta materia por pactar un sistema de financiación global que tenga en cuenta también las inversiones del Estado y que respete los términos del Estatuto que establece que la participación de Cataluña en el gasto del Estado tiene que ser la media entre el esfuerzo fiscal de la comunidad autónoma y su población, una condición que siempre ha quedado excluida de las reclamaciones de CiU.