Para el diputado del PP, las medidas que proponen los socialistas abundan en su histórica receta de atender las mejoras sociales que demandan los ciudadanos a base de mayor recaudación, "ya que se está proponiendo elevar el gasto en 670.000 millones de pesetas y financiarlo con más ingresos que también se les exigen a los ciudadanos".

No obstante, Martínez-Pujalte se feliitó de que el PSOE acepte ahora el modelo presupuestario del Gobierno basado en lograr el déficit cero, algo, dijo, que los socialistas han estado criticando hasta hace dos días.

También acusó al PSOE de incurrir en la contradicción de aceptar ahora el modelo tributario, con rebaja de impuestos incluida, que viene defendiendo el PP desde hace seis años, a pesar de que votaron en contra de la reforma del IRPF que llevó al Parlamento el Gobierno de José María Aznar.

En este sentido, destacó que, pee al nuevo discurso socialista de bajar los impuestos a determinados colectivos, lo que se están haciendo es plantear medidas que van a exigir a los ciudadanos, por vía directa o indirecta, abonar esos 670.000 millones de pesetas que el PSOE dice que destinaría a políticas sociales.

Asimismo, crtiticó que tanto en el debate sobre Presupuestos celebrado esta semana en el Congreso, como ahora en la presentación de enmiendas, los socialistas "muestran un desprecio absoluto por las políticas de creación d empleo, porque ni hace unos días ni ahora las mencionan una sola vez".

A su juicio, ésta es una constante en la política del Partido Socialista, porque también cuando gobernaban hicieron caso omiso de las políticas de creación de empleo y provocaron una de las mayores tasas de paro de la historia y "casi la quiebra del sistema público de Seguridad Social".

El diputado del PP dijo que su grupo y el Gobierno comparten la preocupación de los socialistas por mejorar las pensiones. Recordó que subirls es un compromiso de su partido en las pasadas elecciones, pero advirtió que, si se hiciera en los Presupuestos del Estado lo que plantea el PSOE, se rompería el principio de que sean los interlocutores sociales, a través del diálogo, los que acuerden este tipo de reformas.