Así consta en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el 2001, en la que se precisa que estas explotaciones pesqueras deben comunicar su actividad a la autoridad portuaria de la que dependan.

De esta manera, la citada autoridad, les otorgará la pertinente autorizaión o concesión de explotación, por la que deberán pagar el correspondiente canon que avala la legalidad de su labor.