Almunia hizo estas declaraciones tras una reunión con la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGDE), a la que también asistió la secretaria socialista de Movimientos Sociales, Carmen Cerdeira.

Durante la reunión, ambas partes se mostraron de acuerdo en que España debe dedicar el 0,35 del PIB a políticas de cooperación al desarrollo. El presidente de la CONGDE, Alfonso Sancho,recordó que la media de los países europeos para las ayudas al tercer mundo es del 0,35 por ciento, mientras que en el caso de España la cifra se rebaja hasta el 0,26 por ciento.

Tanto Sancho como Almunia exigieron que el Gobierno incluya este porcentaje en los Presupuestos Generales del 2000 y aseguraron que el Ejecutivo ha paralizado la puesta en marcha del Plan Director de la Cooperación Española por la falta de criterio a la hora de determinar qué ministerio es competente en la materia, puesto queno se ponen de acuerdo si es el Ministerio de Economía o el de Asuntos Exteriores los que tienen competencia en este sentido.

Este plan establecería los criterios para destinar las ayudas a los países más necesitados durante los próximos cuatro años.

PAPEL MOJADO

Para Sancho, la paralización del plan supone que la Ley de Cooperación, aprobada el año pasado, se convierta en "papel mojado", ya que esta ley prevé la puesta en marcha del plan como "el elemento básico de la planificación de la polítca española de cooperacion internacional para el desarrollo".

En este sentido, acusó al Gobierno de Aznar de "ser contrario a comprometer fondos de solidaridad paralos países en desarrollo".

Almunia recordó que Aznar está incumpliendo la promesa electoral de destinar el 0,5 por ciento del PIB a fondos de ayuda a países necesitados, "a pesar", aseguró, "de que hay más disponibilidad económica en los presupuestos".

"No hay sensibilidad del Gobierno para la cooperación al desarrollo. Prueba de llo es la congelación, cuando no la disminución de los recursos presupuestarios para la cooperación al desarrollo", añadió.

El dirigente socialista explicó que el Estado cuenta con la suficiente solvencia económica para destinar el 0,35 por ciento del PIB a la cooperación para el desarrollo e indicó que esto no pondría "en peligro ningún equilibrio presupuestario".