Rajoy explicó que el Gobierno aún no tiene en sus manos la sentencia completa del Alto Tribunal, por lo que esá pendiente su estudio jurídico para sopesar las posibilidades de recurrir también los presupuestos de 2003.

"Ahora estamos a la espera de conocer la sentencia, y a la vista de lo que diga, y previo estudio correspondiente, tomaremos la decisión que nos parezca más acorde con la defensa de los intereses generales, es decir, que no hay decisión tomada en este momento", indicó Rajoy.

Según recordó, y de acuerdo con lo que se conoce de la citada sentencia, los Presupuestos vascos del año 2002 vulnern "los principios de unidad y universalidad" recogidos en el artículo 134 de la Constitución, al haberse desglosado algunos capítulos de la ley que contaban con apoyo de la mayoría de la Cámara para ser aprobados.

Vulnera también el artículo de 21 de la LOFCA y el 44 del Estatuto de Autonomía que inciden igualmente sobre esos dos principios y el de la seguridad jurídica, señaló el vicepresidente.

Rajoy entiende que en todo caso "hay que extraer una consecuencia política importante", de la decisió del Tribunal Constitucional, puesto que "demuestra que el Parlamento vasco no cumplió la legalidad".

DECISION A FIN DE MES

Otras fuentes consultadas por Servimedia en el Ministerio de Administraciones Públicas señalaron que es posible que el informe jurídico sobre los Presupuestos de este año estén a disposición del Gobierno antes de fin de mes, lo que permitiría decidir sobre la presentación de un nuevo recurso.

Los Presupuestos vascos de 2003 no se aprobaron a través del fraccionamiento de ss partidas, como ocurrió el año pasado, motivando su anulación. Las cuentas de este ejercicio resultaron aprobadas por mayoría, gracias a la polémica ausencia del presidente del PP vasco, Jaime Mayor Oreja, que llegó tarde a la votación, a causa de que el Ejecutivo vasco consiguió adelantarla renunciando a su turno de palabra.

Los populares reconocen en privado que en esta ocasión es más difícil encontrar una argumento jurídico que respalde la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, aunqueaún no descartan esa posibilidad.

En todo caso, aseguran como hizo ayer el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, que los argumentos para para la interposición de un recurso serán "jurídicos" y no de carácter "político".

Por su parte, dirigentes del Partido Socialista de Euskadi (PSE) argumentaron que no hay "sustancia jurídica" a la que asirse para reclamar la inconstitucionalidad de las cuentas del presente año.

Los socialistas no quieren hacer "seguidismo" de la estrategia el PP en este terreno y destacan que lo importante es pedir responsabilidades políticas a un Gobierno "tramposo" como es el dirigido por el "lehendakari" Juan José Ibarretxe, ya que la anulación de los presupuestos de 2002 no pueden tener efectos prácticos al haber sido ya ejecutados.