La Fiscalía pide 14 años de prisión para Garaboa por un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente y otro de falsificación de documento oficial, así como por una falta contra el orden público.

El fiscal encargado del caso, Miguel Ángel Carballo, sostiene que Garaboa es miembro de los Grapo desde 1998 y aseguró en el juicio celebrado esta mañana que el presunto terrorista asumió el mando de las células clandestinas operativas de la banda en el interior de España.

Al inicio de la vista, Garaboa dibujó una versión distinta de los hechos, ya que dijo ser un represariado político y aseguró que había sido perseguido exclusivamente por ser comunista.

Explicó que su labor dentro del PCEr fue exclusivamente política, dentro de sus funciones como redactor de la revista "Resistencia", y negó haber participado en ninguna actividad terrorista de los Grapo.

De hecho, Garaboa aseguró que el PCEr no era ni es el brazo político de los Grapo y que su actividad es únicamente política.

El presunto cabecilla de los Grapo afirmó que vivíaexclusivamente con los 300 euros al mes que le pagaba el partido por su trabajo en "Resistencia".

DETENIDO EN PORT BOU

Según explicó el fiscal Carballo, en el registro del piso en el que Garaboa vivió en 2002 en Valladolid, del que tuvo que huir precipitadamente tras la detención de varios miembros de los Grapo, se encontraron documentos de identidad falsificados, así como huellas de los terroristas Yolanda Fernández, Lucio García, Ignacio Varela y Marcos Regueira, todos ellos condenados por la Audiencia Nacional.

Garaboa fue detenido el 30 de mayo de 2005 en Port Bou (Gerona) cuando viajaba en tren desde Montpellier hacia Barcelona. Se le requisaron diez documentos de identidad falsos, documentación interna de los Grapo y planchas para editar la revista "Resistencia".

En la vista celebrada hoy comparecieron como testigos los policias que participaron en su detención, quienes explicaron que en el momento de su arresto Garaboa se identificó como miembro de los Grapo.

Los distintos agentes indicaron también que el presunto terrorista tenía alquilados un total de cinco pisos en España, repartidos por Zaragoza, Valladolid, Alicante, Barcelona y Madrid.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el presidente del tribunal, el juez Fernando Bermúdez de la Fuente, pronunció el visto para sentencia.