En una nota, IU señala que la citada documentación, hecha pública un año después del hundimiento, evidencia que la decisión de alejamiento del buque adoptada por el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, "se tomó de forma injustificada".

"Estas actas so una prueba más de la existencia de un delito ecológico y de una actuación negligente y prepotente que puede ser calificada de imprudencia temeraria", subraya Alfonso Suárez, abogado que representa a la coalición en la causa abierta contra las autoridades en el Juzgado de Corcubión.