El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, fue el encargado de informar sobre la gestión del delegado del Gobierno en Galicia, a quien se había pedido que compareciera e esta reunión de la Comisión de Administraciones Públicas para dar cuenta de sus actuaciones tras el accidente del petrolero.

Elorriaga respondió a las críticas por la negativa a que Fernández de Mesa acudiera a la comisión de investigación abierta en el Parlamento gallego, que no se produjo, indicó, porque los miembros del Ejecutivo no tienen que responder ante las cámaras autonómicas, pues sus funciones exceden el ámbito de competencias de las comunidades.

Asimismo, recalcó la "rapidez y eficaca" en la coordinación de los servicios públicos y la comunicación con las administraciones territoriales, que son las funciones que el marco jurídico atribuye al delegado del Gobierno, quien "en todo momento cumplió y ejerció las competencias que le atribuye la ley" en estas circunstancias, "y lo hizo sobradamente".

Insistió en que Fernández de Mesa puso todos sus "medios y sus esfuerzos" al servicio de las administraciones y desde "los primeros instantes" de la crisis "se desplegaron con absoluto rigr todos los mecanismos", para concluir que "no puede haber descoordinación" cuando el despliegue del plan de contingencias por contaminación marítima se activó desde el primer aviso.

LOS NUEVOS "VIRREYES"

En nombre del PSOE, Angel Martínez Sanjuan lamentó que Elorriaga haya tenido que acudir a la comisión como "el primo de Zumosol" para suplir la ausencia de Fernández de Mesa, que achacó a que los delegados del Gobierno "son instrumentos a un servicio político y a una esteategia politica", para lo qe les "amparan, les blindan parlamentariamente", cual "auténticos virreyes".

Los delegados del Gobierno, argumentó, vuelven a ser de este modo "gobernadores civiles" que gozan de "inmunidad política". Agregó que "Fernández de Mesa no ha comparecido ante la comisióm de investigación porque el Gobierno le ha dicho que no comparezca", para lo que se ha basado en una interpretación jurídico política" de "dudosa credibilidad".

A su juicio, los parlamentos autonómicos tienen la competencia "ilimitada" e citar a personas para "informar", no para pedir responsabilidades políticas, y en este caso sólo se le pedía información. "El miedo les ha paralizado y han preferido dar la espalda a la verdad", concluyó.

Por su parte, Luis Carlos Rejón, de IU, criticó que el Gobierno tenga a Fernández de Mesa "secuestrado y con la boca tapada" para que no vaya a dar explicaciones a ningún sitio, y preguntó "cuáles son las actuaciones delictivas que esconde" al no enviar la documentación ni permitir las comparecencis en la comisión de investigación.

"ENGAÑIFA DEMOCRATICA"

Deploró que el Ejecutivo convierta las investigaciones parlamentarias en una "engañifa democrática", e insistió en que deben dirimirse responsabilidades por una actuación "lenta, burocrática y desorganizada", que está "muy lejos" de poder considerarse siquiera "decente".

Carlos Aymerich, del BNG, denunció que "estamos asistiendo hoy a un fraude político", porque se "consagran espacios de impunidad" para el delegado del Gobierno en Galici, al impedir que acuda a la comisión de investigación para dar cuenta de la estructura de la toma de decisiones ante esta catástrofe, que pudieron ser "rápidas, pero en absoluto eficaces".

En su opinión, Fernández de Mesa incurrió en numerosas "contradicciones y mentiras", por confusión entre su interés y el interés general, algo "inaceptable e inasumible" que lleva a "perversiones" como las que ha incurrido el comisionado Rodolfo Martín Villa, quien sustituye las funciones de un delegado del Gobierno"recluido" en La Coruña.