Preguntado por esta cuestión, Uría ha explicado a Antena 3 que los datos proporcionados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria -que derivan de más de 42.000 inspecciones y controles y de 1.000 analíticas- muestran que no hay absolutamente ningún riesgo desde el punto de vista de la calidad de los alimentos y de la sanidad alimentaria.

En este sentido, Uría pidió tranquilida y que no se especule ni frivolice sobre una cuestión que afecta a la vida y el trabajo de miles de personas. Asimismo, aseveró que "el Gobierno no sería nunca tan irresponsable, si tuviera la más mínima duda a este respecto".

En su opinión, los informes que se están haciendo públicos deben responder a los análisis que se hicieron sobre productos en los caladeros mientras estaban cerrados. "Nuestra sensación es que estos datos son los mismos que la Agencia de Seguridad Alimentaria tenía en un momento oncreto en caladeros concretos, que es cuando estaban cerrados".

En la actualidad sólo queda cerrada una pequeña zona de marisqueo en el País Vasco, ya que los últimos caladeros en Galicia se abrieron el 8 de octubre. Asimismo, de las 743 playas que se vieron afectadas por la catástrofe sólo 9 de ellas siguen presentando restos de fuel, cuatro de ellas en Galicia y muy concentradas geográficamente en la zona de la Costa da Morte.

Uría también se refirió a la extracción del fuel que permenece en e pecio y cifró en 120 millones de euros el coste de las labores para llevar a cabo el proyecto. "En esto, el Gobierno afrontará los costes que sean necesarios", aseguró.

Por último, hizo referencia al capítulo de indemnizaciones que, según dijo, alcanzan una previsión global de 160 millones de euros totales para los afectados, entre los cuales están las administraciones autonómicas, las corporaciones locales y los afectados privados.