"Es innegable", dice el Defensor en un informe al que tuvo acceso la Cadena Ser, "la necesidad de una investigación integral sobre la reacción administrativa, que habría de acometer en primer lugar y de oficio lapropia Administración pública, como es esperable en cualquier organización, siquiera sea para evaluar las virtudes y defectos detectados, investigación que de hecho se inició se sede parlamentaria en Galicia y que en las Cortes Generales se ha materializado, a falta de una Comisión de investigación ad hoc, en la formulación de centenares de preguntas. Se considera que son los parlamentos una sede más apropiada que esta Institución para una evaluación de la que además podrían derivarse responsabilidades de iverso orden".

El Defensor del Pueblo subraya que "la dirección y coordinación de la reacción administrativa estatal ante la catástrofe han sido improvisadas al menos en parte".

Además, el informe recomienda la realización de un estudio de "evaluación de daños y perjuicios y de determinación de responsabilidades patrimonial (civil administrativa) y disciplinaria".

Múgica pide a la Administración General del Estado la "revisión y actualización" del Plan Nacional de Contingencias por Contaminaión Marina Accidental de 2001.

POLITICA INFORMATIVA

En torno a la difusión de la información oficial sobre la catástrofe, dice el Defensor del Pueblo que ésta ha dado muestra de una política informativa "defectuosa y hasta partidista, pues es innegable que el peligro fue minimizado en un principio e, incluso, se consideró conjurado poco antes de que la marea negra fuese una realidad".

"La dirección y coordinación de la reacción administrativa estatal ante la catástrofe ha sido improvisada al meos en parte", añade el informe.

Enrique Múgica se queja además de la información recibida de las administraciones y la califica como "asimétrica" y "desequilibrada" y señala textualmente: "La información estatal carece de un documento de síntesis, que se esperaba de la Vicepresidencia Primera del Gobierno como órgano coordinador, o del Comisionado creado bajo su dependencia (...), que ni siquiera es mencionado en los más de 2000 folios recibidos. (...) Esta es una forma de proceder impropia y poco acetable, dada la gravedad de los hechos y la responsabilidad administrativa concernida".