El texto, remitido por la Junta al Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, establece que las unciones ejecutivas de las cajas de ahorro recaerán en los directores generales de las mismas, que serán profesionales del sector elegidos por los tres quintos del Consejo de Administración.

El anteproyecto de esta ley estipula asimismo que los rectores de las cajas de ahorro deben hacer declaración pública de sus rentas, bienes y patrimonios, y han de estar sujetos a un riguroso sistema de incompatibilidades.

La Junta de Comunidades incorporará también a los órganos de estas entidades bancarias n nuevo grupo, elegido por las Cortes regionales, y que se unirá a los ya existentes de impositores, ayuntamientos, diputaciones y empleados.

Por otro lado, el anteproyecto de ley va a instaurar el principio de "proporcionalidad estricta" en la representación de las diferentes instituciones en los órganos de gobierno de las cajas con el fin de propiciar el máximo grado de consenso y pluralismo, de manera que los consejeros designados por ayuntamientos o diputaciones no sean elegidos sólo por la mayorí políticamente dominante.

Además, introducirá la figura del Defensor del Cliente como un órgano permanente de respeto y protección de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las cajas de ahorro.

Según el consejero de Economía y Administraciones Públicas, Antonio Pina, la intención del Gobierno con esta futura ley es evitar la politización de las cajas y que sus profesionales no sufran los efectos de los cambios políticos de cada proceso electoral.