La Diputación Provincial de Pontevedra acoge este año la XXI edición de las Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales. A estas sesiones asistió el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, y la vocal María del Carmen Llombart, entre otras personalidades.

En materia de violencia sobre la mujer, los magistrados piden tratar con especial cuidado a las mujeres con discapacidad y menores víctimas de violencias sexuales y facilitarles acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes en condiciones de igualdad, y con especial cuidado en las víctimas vulnerables por razón de edad, discapacidad o pertenencia al entorno rural.

Igualmente proponen potenciar la utilización de dispositivos telemáticos para el control de las medidas de alejamiento y ampliar la participación de los técnicos del Centro Cometa para que acudan a la mayor brevedad al órgano judicial a fin de colocar los dispositivos de detección de proximidad (pulseras).

Insisten en el refuerzo de medidas para evitar el contacto visual entre víctima y victimario en las sedes judiciales incluso con el uso de espacios adecuados para la celebración de videoconferencias y el uso de exploraciones mediante cámara Gesell cuando se trate de menores víctimas u otros testigos. Finalmente, exponen la necesidad de hacer seguimiento de la aplicación de las resoluciones judiciales en esta materia.

En relación con el Proyecto de ley de Eficiencia Organizativa, los presidentes de las Audiencias piden la urgente aprobación de una ley que modernice la organización judicial de la primera instancia, que consideran anclada en el siglo XIX.

En sus conclusiones, señalan que la comarcalización de los órganos judiciales especializados es un mecanismo que favorece la obtención de una tutela judicial de mayor calidad y más eficaz, y estiman que debe establecerse con carácter general en materia de violencia sobre la mujer. Ven necesaria la creación de las secciones de Infancia, Familia y Capacidad de los Tribunales de Instancia como órganos especializados de la jurisdicción civil en todas las provincias.

Además, instan “un gran pacto político para la instauración de una administración de justicia digital única en todo el territorio que permita unificar los esfuerzos que, a título individual, realizan el gobierno central y las comunidades autónomas en el desarrollo de sistemas procesales y mecanismos de automatización de funciones”.

Los presidentes de Audiencias piden regulación del Punto Neutro Judicial cuyo control, dicen, debería seguir correspondiendo al CGPJ. Igualmente, advierten de que la legislación sobre el uso de la inteligencia artificiales es “insuficiente” y requiere un tratamiento acorde con el Código Ético y el Reglamento Europeo sobre esta materia.

Finalmente, apuestan por que el delito de allanamiento de morada quede excluido de la competencia del Tribunal de Jurado, evitando así los problemas que actualmente se plantean en supuestos de conexidad.