En este sentido, Touriño se mostró convencido de que la creación de la Policía gallega va a ser "un elemento de especial dinamización del autogobierno", y que tendrá, "una fuerte carga simbólica".

El presidente de la Xunta aseguró que, con la entrada en vigor de la nueva legislación, se dará respuesta al modelo actual, que está definido a través de convenios de colaboración con el Ministerio del Interior con la unidad de la Policía, adscrita a la comunidad autónoma de Galicia del Cuerpo Nacional de Policía, una unidad que comenzó a funcionar en 1991.

Touriño aseguró que el proyecto de ley nace con la vocación de contribuir "positiva y construtivamente" a la correcta evolución del Estado autonómico. Todo, precisó el presidente, dentro de los parámetros establecidos por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Además, Touriño destacó dos iniciativas legislativas del Gobierno que preside: el proyecto de buena ley de la Academia de Seguridad de Galicia, en tramitación parlamentaria, que permitirá dotar de un centro de formación y perfeccionamento al nuevo cuerpo policial, y el proyecto de buena ley de coordinación de policías locales que será aprobado de manera inmediata en el Consejo de la Junta.

El presidente declaró que el modelo gallego se basará en la colaboración y complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, creándose para tal fin órganos de coordinación como la Junta de Seguridad de Galicia y el Centro de elaboración de datos para el servicio policial.

El primero tendrá como misión coordinar las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía de Galicia. Mientras que el centro de datos estará encargado de la captación, análisis, clasificación, elaboración, depósito y conservación de los datos precisos para el ejercicio de las funciones policiales y su comunicación a los sujetos autorizados.

Touriño también destacó la creación de los órganos de carácter consultivo como la Comisión Gallega de Seguridad, instancia encargada de favorecer la coherencia en las actuaciones de las diversas instituciones y entidades implicadas en la política de seguridad. Podrán formar parte de la misma representantes de la Administración central, autonómica, local y de Justicia de Galicia.