Este expediente es consecuencia de la solicitud de amparo formulada al CGPJ por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Bilbao porlas "injerencias" y "coacciones" de Zorrilla, al entender que "mermaban su independencia".

En concreto, la raiz del enfrentamiento es una sentencia dictada por esos tres magistrados, miembros de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, tras una demanda de divorcio interpuesta por la ex mujer de Zorilla, que iba contra los intereses de éste.

Las fuentes consultadas indicaron que Zorrilla podría haber incurrido en una falta grave contemplada en el artículo 418.4 de la Ley Orgánica del oder Judicial, que sanciona a quien corrija la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por los inferiores en el orden jurisdiccional, salvo cuando actúen en el ejercicio de la jurisdicción.

Según la misma ley, el CGPJ deberá proceder a nombrar a un magistrado como instructor del expediente contra Zorrilla, quien, por su parte, podrá nombrar abogado defensor.

Tras practicar las diligencias que considere pertinentes para la averiguación de los hechos, el instructor formulará un liego de cargos, que deberá notificar a Zorrilla para que éste, en el plazo de 8 días, pueda responder y proponer las pruebas que estime necesarias en su defensa.

Posteriormente, el instructor elevará su propuesta de resolución, a la que el presidente del Tribunal Superior del País Vasco podrá hacer sus alegaciones en el plazo de 8 días, tras lo cual corresponderá al poder judicial adoptar una decisión, que en el caso de falta grave, puede ser sancionada con una multa que va de las 50.001 pesetas al mdio millón.