Hernando, en declaraciones a la prensa antes del acto en que se puso en marcha la Carta de Derechos de los Ciudadanos, aseguró que la Constitución establece que las decisiones de los juece son "imperativas", lo que "obliga a cumplir todas las resoluciones judiciales sin distinción de clase alguna".

El presidente del CGPJ dijo que "por desgracia" ya no existe la figura del desacato a los jueces, pero recordó que sí está tipificada la desobediencia consistente en contravenir las decisiones judiciales.

Aunque no fue expresamente invocado por Hernando, el artículo 410 del Código Penal establece que "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cuplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis mess a dos años".

Hernando señaló que "las resoluciones judiciales se deben modificar a través de los cauces procesales que las leyes orgánicas establecen. En cualquier caso las resoluciones judicials se deben acatar", aseveró.

Respecto a la querella criminal que el Ejecutivo vasco interpondrá contra Baltasar Garzón, el presidente del Supremo dijo que no se trata de un conflicto de poderes, sino de "un juez que realiza su cometido y otra instancia del Estado que entiende que no se conforma o no está de acuerdo con la resolución judicial".

En este sentido, Hernando indicó que el Gobierno vasco, con la presentación de la querella que ha anunciado contra el magistrado Baltasar Garzón, se servir de "una vía excepcional", que es la de "ejercitar una acción directa contra el juez que realiza el acto judicial" con el que no se está de acuerdo.

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