Hernando, en declaraciones a la prensa antes del acto en que se puso en marcha la carta de derechos de los ciudadanos, aseguró que la Constitución establece que las resoluciones judiciales son "imperativas". Añadió que, con su actitud, el Parlamento de Vitoria podría incurrir en la figura de "desobediencia del mandato judicial".

A este respecto, aunque no fue expresamente invocado por Hernando, el artículo 410 del Código Peal establece que "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis mess a dos años".

Respecto a la querella criminal que el Ejecutivo vasco interpondrá contra Batasar Garzón, el presidente del Supremo dijo que no se trata de un conflicto de poderes, sino de "un juez que realiza su cometido y otra instancia del Estado que entiende que no se conforma o no está de acuerdo con la resolución judicial".