El guardia apoya su petción en un informe elaborado por él mismo, en el que explica todas las presuntas irregularidades cometidas, que se refieren a la violación de derechos constitucionales.

Además, Joaquín Parra ha remitido al rey Juan Carlos, al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, y al defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles, sendas cartas en las que explica una serie de actuaciones presuntamente delictivas que afectan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

El presidente del SUGC aseguraen su informe que cuando estuvo destinado en la localidad navarra de Irurzun realizaba jornadas laborales de 64 horas semanales y no podía salir del acuartelamiento sin el permiso expreso de sus superiores.

También dice que, tras ser arrestado, sus mandos interfirieron las comuniciones con su abogado, tuvo que pasar varios reconocimientos médicos para demostrar que no estaba neurótico, fue sancionado por visitar a un compañero encarcelado y se le trasladó forzosamente de la Comandancia de Navarra a lade Zamora.

Parra asegura que volvió a ser detenido por dar una rueda de prensa, que pasó dos meses en un calabozo por unas declaraciones que no realizó, que fue sancionado por firmar los estatutos de la una asociación deportiva y que le declararon desertor.

SIN COMIDA

El guardia señala que en los calabozos de la Comandacia de Pamplona -donde asegura que el suelo estaba lleno de orines y sólo disponía de una manta para no pasar frío- no le dieron de comer ni le curaron una herida en la espalda, ese a que acababa de sufrir una intervención quirúrgica.

Relata que en 1989 pasó 63 días de prisión preventiva en el Hospital Militar Gómez Ulla, de Madrid, junto a presos comunes, que le amenazaban de muerte frecuentemente, debido a su condición de guardia civil.

Después de varias sanciones leves, el 30 de julio de 1990 el Ministerio de Defensa le impusó una sanción extraordinaria que provocó su expulsión de la Guardia Civil, proceso que actualmente tiene recurrido.

Posteriormente, el direcor del cuerpo, Luis Roldán, le retiró tres arrestos leves. Sin embargo, el pasado mes de febrero le fue notificado otro.

A su juicio, todos estos hechos reflejan que el Estado español ha violado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y le ha sometido a "un trato cruel e inhumano", sin haber cometido delito alguno.

Joaquín Parra declaró hoy que se ha coartado su libertad de expresión y su derecho a circular por todo el territorio nacional, y que ha sido víctima de una persecución y de otas vejaciones que afectaban a su dignidad como persona.

El guardia pide a AI que promueva las acciones pertinentes contra el Gobierno español, que "sigue violando todos los derechos humanos".