Sanz dijo hoy que la presentación del recurso es un "acto obligado y de responsabilidad por parte del Gobierno de La Rioja en defensa de los intereses de las riojanas y de los riojanos ante cualquier circunstancia, lugar u órgano y por encima de intereses políticos".

Recordó que el recurso se basa en el dictamen emitido en septiembre por el Consejo Consultivo de La Rioja y se centra en aquellos aspectos del Estatuto que inciden de manera directa e inmediata en las competencias de la Comunidad de La Rioja: gestión del agua, denominaciones de origen supracomunitarias y sistema de financiación, aunque se ocupa también y especialmente del denominado "principio de bilateralidad".

En virtud de este principio, destacó Sanz, la Generalitat "se atribuye un papel decisivo en la formación de la voluntad del Estado y en la toma de decisiones que afectan al resto de Comunidades Autónomas, lo que sitúa a Cataluña por encima de todos los territorios de España y da a los catalanes preponderancia y consideración de ciudadanos de primera respecto a ciudadanos de otras comunidades autónomas".

"Estamos ante un Estatuto que rompe los principios de cohesión social, económica, de vertebración y de equilibrio que debe haber en este país donde todos somos iguales independiente del lugar en que residimos", agregó.

CUENCA DEL EBRO

En cuanto a los aspectos que inciden en las competencias de La Rioja, y en referencia a la Cuenca del Ebro, Sanz subrayó que el Estatuto atribuye a la Generalitat "amplísimas atribuciones en materia de aguas que contravienen la Constitución y condicionan las competencias que tenemos en La Rioja".

Respecto a las denominaciones de origen supracomunitarias, el presidente del Ejecutivo riojano destacó que el Gobierno catalán asume todas las competencias en la Denominación de Origen Cava, "lo que va contra nuestros intereses y nuestra participación en la gestión de esta Denominación", en la que están incluidos municipios de La Rioja, entre otras regiones españolas.

Por último, se refirió al sistema de financiación de la Generalitat aseguró que "provocará el quebranto de los principios de igualdad entre españoles y solidaridad entre territorios, haciendo inviables los objetivos de cohesión nacional, impuestos en la Constitución".