A la vista también asistieron la abogada del PCTV, Jone Goiricelaia, el fiscal Vicente González Mota y las dos acusaciones particulares ejercidas por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Esta vista, contemplada en el árticulo 129 del Código Penal, servirá para que Garzón escuche los argumentos de las partes antes de tomar una decisión sobre la suspensión de actividades de la formación. Mañana martes tendrá lugar la vista para Acción Nacionalista Vasca (ANV).

En el exterior de la Audiencia Nacional se quedó el resto de la delegación del PCTV, compuesta por integrantes del grupo parlamentario del partido en la Cámara vasca, representantes del Comité Central y simpatizantes del partido.

Cuando Ramos y Goiricelaia se acercaban a la sede de la Audiencia Nacional, antes de cruzar la calle Génova, cuatro ultraderechistas, portando banderas de España y del partido Alianza Nacional, intentaron agredirles pero agentes de la Policía Nacional se lo impidieron.

Además de la delegación del PCTV, en el exterior de la Audiencia Nacional se congregaron esta mañana un centenar de trabajadores de la Administración de Justicia, quienes iniciaron hoy una huelga indefinida para reclamar un aumento salarial que les equipare económicamente con los funcionarios judiciales de las comunidades autónomas.

El pasado viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó ante Garzón dos escritos en los que pidió al magistrado que dicte la suspensión de actividades de ANV y del PCTV "a la mayor brevedad posible", por considerar que son "instrumentos del entramado de ETA para la consecución de sus fines".

La Fiscalía solicitó para ambos partidos "la suspensión de toda clase de actividades por un período de cinco años", incluido "el derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales", y pidió que la decisión sea adoptada "a la mayor brevedad posible, y, en todo caso, antes del próximo 11 de febrero, fecha de proclamación de las candidaturas a las elecciones generales".

De forma complementaria, el Ministerio Público solicitó a Garzón "la clausura temporal de los locales y establecimientos" de ANV y PCTV, así como "el embargo y bloqueo de las cuentas, depósitos y demás activos financieros" y de "los ingresos por subvenciones o cualesquiera otros conceptos procedentes de las Administraciones Públicas".