En su opinión, esta atención sanitaria debe recaer en la Administración pública, porque, en el caso de los discapacitados psíquicos precisan de anestesias generales y asistencia especializada.

Sugirió que se puede adoptar un sistema similar al implantado en Holanda, país que financia públicamente la prestación bucodental de su población, aunque deja de pagarla en el caso de que el ciudadano no acuda periódicamente a revisiones, "porque no asumen la dejaez y el coste añadido que suponen técnicas más agresivas", dijo.