Rubio Llorente aseguró en Rne que el rechazo de Aznar y su anuncio de presentar un voto particular estuvo precedido por una intervención "muy elogiosa para el informe" que ha elaborado la Comisión de Estudios y que fue respaldado por la mayoría de los miembros del Consejo de Estado.

El presidente de este órgano consultivo del Gobierno explicó que el voto particular de Aznar está motivado no tanto por el contenido del informe sino porque considera que no existen actualmente "motivos" para reformar la Constitución.

Rubio Llorente aclaró que, más allá de la posición de Aznar, la labor del Consejo de Estado no es opinar sobre la conveniencia de la modificación de la Carta Magna, ya que lo que el Gobierno le ha solicitado es un informe de "cómo llevar a cabo la reforma".

El informe elaborado por el Consejo de Estado aporta soluciones para suprimir de la Constitución la prioridad del varón sobre la mujer para acceder a la Corona, la modificación del Senado, la inclusión de los nombres de las comunidades autónomas y la referencia al proceso de construcción europea.

Estas dos últimas reformas constitucionales han sido, precisamente, las que más trabajo han dado al Consejo de Estado. El presidente explicó que la mención a la Unión Europea ha llevado "bastante tiempo" a la Comisión de Estudios, mientras que la alusión a las comunidades autónomas ha provocado "más problema políticos".

Asimismo, señaló que la reforma sobre la Corona apenas ha supuesto "pequeños problemas técnicos" a los redactores del informe, que ahora será enviado al Gobierno junto a los tres votos particulares anunciados en el Pleno del Consejo.

Rubio Llorente manifestó también que el proceso de reformas estatutarias y el consecuente "ruido ambiente" ha afectado a la "serenidad del trabajo", pero aclaró que en ningún caso ha "perturbado" la labor de los consejeros.

Finalmente, confirmó que el informe propone la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para que, en casos como la reforma de los estatutos, puedan plantearse cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC después de la aprobación en las Cortes Generales pero antes de la entrada en vigor del texto.