Este gran pacto "orientaría las políticas públicas sobre personas con discapacidad para la próxima década (2008-2018)", indicó Pérez Bueno ante la Comisión de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

En la misma línea, el presidente del Cermi propuso la aprobación de "una ley transversal que proceda a ajustar todo el ordenamiento legal a los valores, principios, mandatos y compromisos de la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad". Indicó que el Cermi está trabajando en ello y pronto presentará una propuesta sobre cómo debe hacerse a su juicio esa operación de ajuste legal.

Pérez Bueno citó como ejes fundamentales de las políticas la visión garantista y de derechos humanos de la discapacidad, la igualdad de trato, el empleo de calidad, la educación inclusiva, la inmersión en nuevas tecnologías, una protección social eficiente y estimuladora y la accesibilidad universal.

También se refirió a las medidas que contemplan la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad, comenzando por "la autonomía económica dada por un trabajo digno, estable y de calidad".

En este sentido, manifestó que "estas políticas vigorosas de activación" no se pueden limitar a lo estrictamente laboral, sino que "han de abarcar la educación, la formación, la protección social, la accesibilidad, la fiscalidad, la mentalización y la visibilidad". En este punto también pidió una "reforma profunda" de las pensiones no contributivas.

Sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), Pérez Bueno volvió a expresar el deseo del movimiento asociativo de adelantar la revisión que ha de hacerse de la aplicación al año 2009, en lugar de 2010.

El presidente del Cermi entregó a los representantes parlamentarios un documento que recoge ampliamente la posición del sector de la discapacidad sobre el SAAD y las propuestas para su consolidación y despliegue acelerados.

ACCESIBILIDAD

Otra de las propuestas del Cermi es la accesibilidad, tanto en el acceso a las nuevas tecnologías como a los contenidos audiovisuales y a la comunicación oral. En este ámbito, se refirió a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para que las comunidades de propietarios asuman completamente el coste de las actuaciones y obras de accesibilidad en los edificios de vecinos.

Esta es precisamente una de las cuestiones sobre las que mayor número de quejas y reclamaciones plantean las personas con discapacidad ante el Cermi, según su presidente.

La atención y el apoyo a las familias que tienen en su seno a personas con discapacidad centró también gran parte de su intervención. La atención temprana, la inclusión educativa de calidad, la mejora de la atención sanitaria y el aumento del nivel de ayudas familiares cuando se presente una discapacidad "son factores que han de integrar las políticas de familia del futuro inmediato", dijo Pérez Bueno.

La implantación de un auténtico modelo de atención sociosanitaria, la aprobación de una legislación integral de protección de las víctimas de accidentes de tráfico, el fomento de la investigación, la actualización de la prestación ortoprotésica y de las tecnologías de apoyo a la vida autónoma e independiente y el fomento del deporte y del ocio inclusivo son otras cuestiones planteadas por Luis Cayo Pérez Bueno en la Cámara Baja.

El presidente del Cermi propuso que todas estas medidas se completen con dos líneas de acción política transversal: "la atención al factor de género dentro de la discapacidad y la promoción y desarrollo de las personas con discapacidad que habitan en zonas rurales".

Por último, solicitó que todas estas propuestas se aborden desde el diálogo con la sociedad civil, "para conseguir aumentar la cultura política de la participación responsable".

Durante la comparecencia, el presidente de la Comisión de la Discapacidad, Jesús Caldera, junto a los representantes políticos de los principales grupos parlamentarios, escucharon y apoyaron las peticiones del presidente del Cermi.

Entre los asistentes estaban Emilio Olabarría (Grupo Parlamentario Vasco), María Concepción Tarruellas (CiU), Francisco Vañó (Grupo Popular) y María José Sánchez Rubio (Grupo Socialista).