Cabrera Bazán realizó estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento andaluz para presentar el informe de la fiscalización de los gastos realizados por el Ejecutivo andaluz durante 1992.

Aseguró que durante sus actuaciones con la misión de velar por la legalidad y eficiencia de la gestión de los fondos públicos ha encontrado "ciertas limitacines, debido a la inexistencia de la documentación aportada y a la falta de información ofrecida por diversos organismos de la Administración".

Según indicó, la Dirección General del Patrimonio continúa sin rendir cuentas sobre el inmovilizado, mientras que los organismos autónomos no han presentado todavía las memorias sobre el cumplimiento de sus objetivos, a excepción del Instituto Andaluz de Estadística.

En su opinión, es necesario la creación de un órgano que controle las informaciones sobre odos los ingresos, así como la gestión de las consejerías del Ejecutivo autonómico.

El responsable de la Cámara de Cuentas destacó que el procedimiento más utilizado por la Administración andaluza es la contratación directa y agregó que la mayoría de los organismos autonómicos no reflejan los resultados de sus operaciones a finales del pasado año.

Agregó que, de acuerdo con sus datos, las cuentas de la Administración andaluza son negativas y arrojan unas pérdidas de cerca 30 millones de pesetas mentras que Tesorería tiene un déficit de cerca de 130 millones.