Revilla explicó que el Ejecutivo autonómico cuenta con toda la información de la que puede disponer y que aportar más datos podría "violar el ordenamiento jurídico en relción con la confidencialidad".

Francisco Revilla detalló que de los cuatro asuntos sobre los que el consejero cántabro solicitó información -Banco Europeo de Finanzas, préstamos a consejeros y director general de la entidad, sector inmobiliario y comisiones de la tarjeta Clasic-, la consejería cuenta con toda la información a través de la comisión de control de la entidad, en la que existe un representante del Gobierno regional.

Asimismo, el presidente de Caja Cantabria señaló que todos los datosse encuentran auditados y cuentan con la aprobación del Banco de España, "por lo que se ha cumplido la legislación vigente".

Revilla indicó que el pasado 12 de septiembre Caja Cantabria remitió a la Consejería de Economía y Hacienda el último informe elaborado por la comisión de control con el voto a favor de su representante.

Agregó que en dicho informe se expresaba que "no se han producido circunstancias que hubieran dado base o razón para informar a la Asamblea General o a la Consejería de Ecoomía sobre cuestiones o situaciones que no hayan sido adecuadamente expuestas por el Consejo de Administración".

A pesar de que no quiso entrar a valorar posibles motivaciones políticas tras el anuncio del expediente sancionador, Revilla dijo que las manifestaciones del consejero de Economía y Hacienda son "extemporáneas, sobre todo cuando la relación entre ambas instituciones ha estado marcada por la normalidad".

Francisco Revilla explicó que cuando el consejero Manuel Pérez remitió su peticiónla dirección de la entidad bancaria, él mismo mantuvo una reunión con el presidente cántabro, Juan Hormaechea, quien le autorizó a no responder a la petición del responsable de las finanzas de la región.