En el caso de que esta iniciativa no prosperase, Vázquz todavía podría inteponer un recurso de apelación ante el mismo tribunal que, en caso de ser también rechazado, daría paso a la apertura de diligencias para la celebración del juicio oral.

El suceso que motivó el auto de procesamiento ocurrió el pasado 11 de mayo, cuando Vázquez ordenó el cierre del Parlamento regional para impedir la entrada de varios diputados de IU que protestaban contra el proyecto de venta de Carcesa a Nabisco, posteriormente realizado.

Vázquez está ahora en libertad provisonal bajo fianza de 250.000 pesetas. En su defensa, explicó que consideró objetivamente que "los encierros en las dependencias de la Asamblea de Extremadura alteran el orden y el funcionamiento de la misma y no van en consonancia con la esencia del parlamentarismo democrático".

A su juicio, él es "el encargado del orden y el buen gobierno de esta Asamblea, y en consecuencia debo velar para que ésta cumpla normalmente las funciones que le son propias como el más alto foro de debate político en Extremadra".

"Por tanto", agregó, "hice lo que consideré mi deber en esa ocasión y lo haría en otra ocasión igual ante una situación similar".