El auto, al que tuvo acceso Servimedia, señala que "existen indicios racionales de criminalidad en la conducta de Antonio Vázquez" al ordenar el cierre de las dependencias del Parlamento regional dos horas de lo habitual para impedir el encierro en las mismas de varios representantes de IU, entre los que se encontraban 3 diputados de esta formación política.

Los hechos que motvaron el procesamiento del presidente del Parlamento autonómico se remontan al 11 de mayo de este año, cuando Vázquez dio orden de cerrar el edificio para evitar un encierro en protesta por la privatización de la empresa cárnica Carcesa, que entonces era propiedad del Gobierno regional y que posteriormente fue vendida a Nabisco Internacional.

En opinión del juez, la actuación del presidente de la Asamblea "puede ser constitutiva del delito de entorpercer la labor de las Cortes, previsto y penado en lo artículo 155 y 160 bis del Código Penal". Fuentes de la Asamblea de Extremadura aseguraron a Servimedia que Antonio Vázquez recurrirá el procesamiento.