El propio Rodríguez Arribas había solicitado al Consejo que estudiara el asunto, después de que un diario madrileño publicara que controlaba la sociedad a través de uno de sus hijos, miembro del consejo de administración, en contra del artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a jueces y magistrados ejercer cualquier actividad mercantil.

Según fuentes del CGPJ, la Cmisión Permanente ha decidido cerrar el caso tras comprobar que no existe incompatibilidad entre el cargo del magistrado y su condición de accionista de la empresa, de la que ha percibido el 52 por ciento de los beneficios en los últimos años.

No obstante, esta decisión será remitida a la Comisión Disciplinaria, ya que la Asociación Contra la Injusticia y la Corrupción (Ainco) ha presentado denuncia por estos hechos, por lo que la normativa vigente obliga a revisar de nuevo el caso a través de la vía isciplinaria.