El magistrado declaró a Servimedia que "nunca he controlado directamente ninguna empresa mercantil niejercido funciones que me estén prohibidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)", cuyo artículo 389 declara incompatible el cargo de juez con el ejercicio de cualquier actividad mercantil.

"Lo que no impide la ley es tener acciones en esas compañías, porque eso sería condenar a la gente a la pobreza", apuntó al tiempo que consideró "absurdo decir que ejerzo esas funciones para cobrar cantidades misérrimas, cuando, además, la empresa tiene una directora gerente que cobra un sueldo de 10 millons".

Rodríguez Arribas, que percibió en los últimos cuatro años el 52 por ciento de los beneficios de Dibucrae, sin embargo, estimó "una insidia" señalarle como uno de los accionistas más favorecidos, "porque lo que no se dice es que esa cantidad coincide exactamente con la propiedad de las acciones que tengo; no es un premio a una labor, sino la contraprestación correspondiente al accionarado".

El magistrado atribuyó las acusaciones a una venganza de la anterior directora de la empresa, Elisa Calo, y el ex contable, José Delgado, contra los que hay interpuesta una querella por apropiación indebida de beneficios de la sociedad.

El presidente de la APM indicó además que estudia la posibilidad de "tomar las medidas que procedan" contra el diario "El País" por insinuar que controlaba la empresa a través de su hijo, Ramón Rodríguez Nogueira, miembro del consejo de administración.

Por su parte, ningún miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo organismo de control de los juees, quiso pronunciarse al respecto.