María Antonia Martínez propuso que el Senado tenga competencias legislativas en los proyectos normativos que afectan a las comunidades autónomas y que, de esta forma, se convierta en una Cámara de primera lectura que prevalezca sobre el Congreso de los Diputados.

En su opinión, el Senado debe ser el lugar de formación e integración de la voluntad estatal en las materias que afectan directamente a las autonomías, principalmente las relacionadas con la Unión Euopea (UE). Asimismo, abogó por que la Cámara se convierta en sede de cooperación bilateral y multilateral y en "foro de arbitrio" en los conflictos interterritoriales.

La presidenta murciana reclamó la desaparición de la circunscripción provincial para la elección de senadores y pidió la creación de tres grupos o franjas de comunidades autónomas de acuerdo con su población.

Según su propuesta, las comunidades con un número inferior a los dos millones de habitantes designarían cada una de ellas a eis senadores, como el caso de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja.

Las regiones que tuvieran entre dos y cinco millones de habitantes tendrían derecho a siete senadores (Castilla y León, Valencia, Galicia y País Vasco), mientras que las que superan los cinco millones designarían a ocho senadores (Andalucía, Cataluña y Madrid). Ceuta y Melilla tendrían asignados dos senadores cada una y, además, las comunidades históricas elegirín, como reconocimiento del hecho diferencial, un senador más cada una de ellas.

INICIATIVA DE PUJOL

Por otra parte, María Antonia Martínez fue preguntada por la propuesta del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien pidió que la reforma de la Carta Magna establezca una diferenciación entre nacionalidades y regiones.

Martínez dijo que la iniciativa de Pujol sería buena, ya que, en su opinión, el hecho diferencial "ha ido enriqueciendo el propio proceso de desarrollo económico".

"No eo ningún inconveniente, sino todo lo contrario. Yo voy a proponer que el hecho diferencial se contemple, se respete y se reconozca, siempre que no afecte al núcleo básico y fundamental de los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, con independencia de la comunidad donde residan, de su historia o de su lengua", dijo.