Casas hizo esta consideración durante una conferencia en el Club Siglo XXI titulada "El Tribunal Constitucional ante la reforma de su ley orgánica", en la que se refirió al papel que ha jugado su institución en estos años y a las modificaciones que deben introducirse en su funcionamiento.

En este sentido, al referirse al papel que ha jugado el Constitucional en los "conflictos territoriales", su presidenta afirmó que es reconocido el papel que ha tenido su tribunal en el"proceso constituyente prorrogado" que ha supuesto la definiciónterritorial de España que contempla la Carta Magna.

A este respecto, Casas señaló que este proceso constituyente "se ha completado ya en buena medida con la jurisprudencia creada por el tribunal en esos 25 años".

REFORMAS ESTATUTARIAS

"Siendo esto así", sostuvo, "se impone la sujeción de todos los poderes públicos a esa constitución territorial creada a fuerza de sentencia, cuando así ha sido, constitución territorial hoy ya perfectamente reconocible y reconocida".

En esta línea, añadió que "tal sujeción o atenimiento es de particular significación en estos momentos de reformas estatutarias, que en todo caso tienen que producirse en el marco diseñado por la Constitución interpretado en su caso por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

Al mismo tiempo, Casas aludió a que el 25 aniversario celebrado por su tribunal en 2005 ha puesto de manifiesto "una serie de disfunciones", derivadas, sobre todo, del volumen de la carga de trabajo y que exigen una serie de modificaciones.

Por este motivo, estimó que resulta "absolutamente necesaria y extraordinariamente urgente" la reforma de la ley orgánica por la que se rige el Constitucional, de ahí que hayan recibido "con satisfacción" la "iniciativa reformadora del Gobierno".

RECURSO DE AMPARO

En este sentido, dijo esperar que "tras un fructífero debate" entre los partidos se llegue a un "imprescindible consenso de los grupos parlamentarios para que, con las modificaciones que sean menester para el logro de tan necesario acuerdo, se haga realidad la reforma".

Uno de los cambios necesarios, apuntó Casas, es la necesidad de evitar que el recurso de amparo "sea una tercera instancia y la de invertir el tiempo que el tribunal dedica al dictado de un elevado número de decisiones de inadmisión, basadas mayoritariamente en la falta de contenido constitucional de las demandas de amparo".

Asimismo, Casas se refirió también a que "unos criterios materiales y de un procedimiento eficaz de admisión de las demandas de amparo redundará en el mejor ejercicio de las altas funciones" que la Carta Magna encomienda al Constitucional.